Por Martín Almádez
La anterior es casi una frase hecha, por común, en el caso de esta institución educativa.
¿Y por qué la UdeG se encuentra en peligro de perder su desarrollo, si atendemos al concepto de la palabra “crisis”?
Veamos:
¿Está en riesgo alguna de sus funciones elementales que por ley debe cumplir como son la docencia, la investigación y la difusión cultural?
La UdeG cuenta con 17 mil profesores que atienden a 310 mil estudiantes de preparatoria, licenciatura y postgrado, lo que da un promedio de 18 alumnos por cada profesor, situación nada despreciable, Incluso competitivo con universidades privadas.
(Datos de 2018 a 2022)
Respecto a la función sustancial de la universidad en la investigación, en su página oficial reza: “la UdeG es la institución superior pública estatal con más número de investigadores en el sistema”, en el contexto nacional.
En lo referente a su obligatoriedad en la difusión cultural, la Universidad de Guadalajara ha demostrado su competitiva infraestructura con el Centro Cultural Universitario, concepto con el cual ha construido espacios de alta rentabilidad financiera como el Auditorio Telmex, el Centro de Artes Escénicas, la Biblioteca Juan José Arreola, entre otros como el Teatro Diana; espacios todos destinados al usufructo comercial como cualquier otra opción de la iniciativa privada y no al servicio de los universitarios.
En esta función sustancial universitaria, la de la difusión cultural, es donde el grupo político que controla a la UdeG desde hace más de 30 años, ha sabido, con astucia pérfida, socavar las prioridades de una universidad pública, ponderando los proyectos faraónicos, comerciales y de alta plusvalía financiera y política, por encima de la matrícula escolar y por delante también de las condiciones laborales de sus profesores e investigadores.
¿Está en riesgo su garantía presupuestal que como universidad pública debe mantener para asegurar su servicio y funcionamiento?
La UdeG en su página de transparencia permite comprobar que el Gobierno del Estado ha cumplido cabalmente con su responsabilidad de garantizar el funcionamiento esencial de la universidad, tal y como lo asienta la ley.
En este año 2022 la UdeG se está gastando un total de: 14 mil 803 millones 821 mil 208 pesos.
Provenientes del Gobierno del Estado 6 mil 509 millones 513 mil 68 pesos.
Provenientes del Gobierno Federal 6 mil 614 millones 363 mil 34 pesos.
Provenientes de ingresos generados por la UdeG 888 millones 960 mil 6 pesos.
Más lo que generan las que la universidad llama “entidades productivas” que son los espacios culturales usufructuados en programaciones de espectáculo comercial, las empresas parauniversitarias, y sus proyectos inmobiliarios y deportivos, citados lineas arriba, estimado en 545 millones 570 mil pesos.
Aquí vale la pena hacer un alto y preguntarnos, si es redituable para sus estudiantes, para sus profesores, para sus investigadores y para los jaliscienses en general, si es redituable invertir tantos miles de millones de pesos en programas y proyectos culturales, cuya retribución para las mismas arcas universitarias suman apenas medio millón de pesos.
¿En qué lugar del mundo es legalmente aceptable, moralmente aceptable, que se invierta tanto recurso público sin beneficio social, en este caso sin beneficio académico, de investigación o realmente cultural?
A lo que se suman también “subsidios extraordinarios” del Gobierno de Jalisco a la UdeG, “a través de las Secretarías de Cultura y de Educación del
Gobierno del Estado, para el fortalecimiento y mejora de programas y proyectos”:
- Feria Internacional del Libro (FIL), por un monto de 2 millones de pesos
- Festival Internacional de Cine (FIC), por un monto de 7 millones de pesos
- Festival Papirolas, por un monto de 1 millón de pesos
- Premio de Literaturas Indígenas de América, por un monto de 80 mil pesos.
Sin olvidar lo que también aportan para los mismos propósitos de difusión cultural ayuntamientos como los de Guadalajara y Zapopan, que deben sumar juntos los 3 millones de pesos.
El grupo político que controla a la Universidad de Guadalajara se encuentra en crisis porque sostiene un desencuentro (por usar una palabra neutra) con el Gobierno del Estado, organismo de Poder Público del que la UdeG depende constitucional, jerárquica y presupuestalmente.
¿En qué consiste el desencuentro del grupo político que controla a la Universidad de Guadalajara con el Gobierno del Estado, cuando con los datos que proporciona la propia universidad todo marcha bien en sus tres funciones sustantivas, como institución de educación pública: docencia, investigación y difusión de la cultura…?
El argumento público que se ha manejado por parte del grupo político que controla la universidad para justificar un despliegue de manifestaciones en contra del Gobierno del Estado, ha sido y es la reasignación que el Gobernador realizó de 140 millones de pesos, los cuales originalmente estaban programados para infraestructura cultural, dado que serían inyectados al Museo de Ciencias Ambientales, un módulo más del Centro Cultural Universitario, es decir, al rubro desde donde este grupo político opera su estrategia financiera; sin embargo, el Ejecutivo Estatal decidió reasignar esos 140 millones de pesos, que representan el 0.9% del presupuesto anual de la UdeG, al Hospital Civil del Oriente, dadas las circunstancias de salud pública a causa del COVID-19.
Ante esta decisión del Ejecutivo, el grupo político que controla la UdeG emprendió una ruta jurídica presentando dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este órgano máximo le niega la razón a la UdeG, respaldando así la correcta y legal decisión del Ejecutivo Estatal.
Sin embargo, el grupo político que controla a la universidad persiste en su estrategia de presión poniendo sus intereses económicos políticos por encima de la propia universidad y de los y las jaliscienses, convocando a una marcha, la número 98 en 5 meses, para ejercer coacción social, apostándole al desequilibro de poderes.
Es aquí donde estoy convencido que, el grupo político que controla a la universidad llega al punto donde toca fondo.
Y sobre todo, es aquí donde la esperanza de que el rector actual pudiera representar el cambio generacional, estructural y de renovación universitaria, se va al vacío, al optar por obedecer y no por ejercer su investidura, a la que por ley y sobre todo por dignidad, debiera cumplir.
En atención a la verdad que los jaliscienses merecemos y exigimos, pregunto e invito a cuestionarnos:
- ¿De verdad la UdeG emprende manifestaciones y saca a los estudiantes, profesores, investigadores, administrativos, y demás personas sujetas a su nómina a reclamarle al Gobernador un recurso económico que equivale al 0.9 de su presupuesto universitario anual?
- ¿De verdad el rector de la UdeG sabe lo que dice cuando deja testimonio en las actas del Consejo General Universitario como lo siguiente?: “el hecho de que una institución reciba más en montos brutos no dice nada…”
- ¿De verdad el desencuentro con el Gobierno del Estado tiene la causa dicha, y por eso el grupo político que controla a la universidad hace lo mismo cada seis años para presionar y buscar someter?
- ¿De verdad los profesores de la UdeG comparten las causas del grupo político que maneja a la universidad?
- ¿De verdad los alumnos de la UdeG están convencidos de que el rumbo de la universidad siga siendo político y no académico?
- ¿De verdad la universidad debe enfocar su presupuesto en empresas de las que sus estudiantes ni profesores obtienen beneficios?
- ¿De verdad la universidad debe contar con un partido político?
- ¿De verdad la universidad debe contar con diputados y regidores y no con profesores mejor remunerados e investigadores fortalecidos?
- ¿De verdad la universidad no debería estar enfocada en mejorar su calidad docente, incrementar su matrícula y fortalecer sus investigaciones?
- ¿De verdad le crees al grupo político que controla a la universidad?
